Por: Roxanna K. Rosario-Serrano, BHE, MS
Pasada Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES)
Principal Oficial y Asesora en temas de Salud de Cetura Group, LLC
El acceso a la salud es un derecho humano que en los Estados Unidos y Puerto Rico se ha privatizado bajo la estructura de seguros. Al menos el 92% de la población, tanto en la nación como en Puerto Rico, accede a sus servicios a través de una cubierta privada o mediante un modelo financiado con fondos público-privados. Los límites en cubiertas, las terapias escalonadas y los procesos de preautorización se han convertido en barreras que identifican los constituyentes al momento de acceder libremente a su cuidado médico. ¿Sería un sistema de salud universal la solución a estos retos? ¿Qué aspectos deben considerarse?
Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), el 35% del presupuesto del gobierno se destina al sector de la salud. Aproximadamente $11 mil millones se distribuyen en servicios administrados entre 26 agencias, de los cuales el 70% proviene de fuentes federales. Entre estos se encuentran los fondos para el seguro Medicaid y Medicaid Dual, que cubren aproximadamente al 43% de la población. La utilización de estos fondos en un modelo universal requeriría cambios en la regulación federal de Medicare y Medicaid, así como la identificación de otras fuentes de financiamiento que permitan sostener el cuidado de salud para condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad y enfermedades cardíacas, entre otras, que prevalecen entre los 3.2 millones de habitantes, a un costo per cápita aproximado de $5,200 anuales.
Además, es necesaria la integración de un componente robusto de prevención primaria que permita, a futuro, cambiar el perfil de salud que actualmente predomina, garantizando eficiencia gubernamental sin sacrificar la calidad clínica en el presente y promoviendo una mayor calidad de vida entre los constituyentes. A nivel estructural, es imperativo atender el reto de la retención del profesional médico y de especialistas en la Isla. Según la American Association of Medical Assistants (AAMA), al menos el 72% de los graduados se quedan en Puerto Rico, aunque existe baja representación en especialidades de alta necesidad. Asimismo, la disponibilidad de hospitales públicos o acuerdos con hospitales privados en regiones clave para atender la demanda requiere una estructura tarifaria sostenible a largo plazo tanto para estas instituciones como para la red de proveedores que daría servicio dentro de un posible modelo universal.
Países en Europa y Asia, con una participación laboral superior al 70%, han logrado ofrecer estos sistemas de forma sostenible durante décadas. Sin embargo, esto ha requerido legislación estructurada en modelos de contribuciones mixtas o primas compartidas entre el Estado, los constituyentes y los patronos. Por lo tanto, la pregunta que prevalece es: ¿Está Puerto Rico listo para este cambio?